"Es una verdadera masacre", dice sobre la muertes de aves en los tendidos Ernesto Álvarez, presidente de Grefa (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat). Lo sabe bien porque los miembros de esta asociación lidian día a día con el problema y recorren los tendidos eléctricos. También conoce lo que está ocurriendo Esaú Escolar, vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), porque lo vive en su trabajo como agente en Castilla y León. "Nos ponen muchas trabas", dice sobre las Administraciones y las sanciones contra las propietarias de los tendidos, muchas veces compañías eléctricas, pero también particulares.
El oficio enviado esta semana a las comunidades ha sido elaborado por el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher. Este departamento abrió un expediente en 2017 sobre los tendidos y las muertes de aves. Y, tras años de solicitar información a las comunidades, asociaciones, agentes y centros de recuperación, la Fiscalía concluye que, "salvo honrosas excepciones, puede afirmarse que no se incoan por las Administraciones competentes expedientes sancionadores para averiguar la posible trascendencia legal de la muerte de avifauna por electrocución o colisión con tendidos".
El Ministerio Público señala en su oficio que "para justificar esa omisión" alguna Administración le ha trasladado que "a su juicio no es posible" abrir los expedientes sancionadores ya que entienden que esas muertes son "un mero accidente o caso fortuito". Otras, añade el oficio al que ha accedido EL PAÍS, "alegan que tienen suscritos convenios con las compañías eléctricas en los que estas últimas se comprometen a corregir los tendidos defectuosos en los que se produzca una muerte", por lo que entienden que tampoco se les puede sancionar. Sin embargo, el departamento de Vercher rechaza esos argumentos y recuerda que en la provincia de Albacete se han impuesto varias sanciones administrativas por muertes de este tipo. Y que hasta en seis ocasiones los tribunales han dado la razón a la Administración.
La Fiscalía critica la "actuación omisiva de las Administraciones" y lamenta también la falta de "medios personales y materiales" de los centros de recuperación, que informan de que el número de aves muertas por electrocución y colisión "es alarmantemente elevado".Carlos Cano, de WWF (otra de las organizaciones que, como Aeafma y Grefa forman parte de la plataforma SOS Tendidos), se queja de la "reacción muy lenta de las Administraciones ante la magnitud del problema". También lamenta la falta de datos claros porque "no se realizan prospecciones sistemáticas de las líneas eléctricas".
Un informe realizado por técnicos del anterior Ministerio de Medio Ambiente cifró en 33.000 las rapaces que anualmente mueren en los tendidos. Otro estudio de la Fundación Amigos del Águila Imperial apunta a la muerte de entre 192.000 y 337.000 aves al año en España por la misma razón. "El propio ministerio reconoce en su informe que 33.000 es una cifra conservadora, nosotros creemos que la realidad se aproxima más al segundo informe, que las muertes rondan las 200.000", sostiene Ernesto Álvarez. Y en algunas especies protegidas (como el águila imperial o la de Bonelli) los tendidos son la principal causa de muerte.
Desde 2008 existe un real decreto —que ya hablaba de “al menos varias decenas de miles de aves” muertas al año en los tendidos— que establece obligaciones para las Administraciones y las propietarias de las líneas eléctricas en los parajes protegidos. Las compañías deben acometer trabajos de aislamiento de los tendidos para evitar las electrocuciones; las Administraciones deben identificar las zonas de actuación y las líneas en las que se debe actuar. Pero la Fiscalía lamenta que son “numerosas las Administraciones” que no han “dado cumplimiento a las obligaciones que impone” ese real decreto de 2008. El problema, según denuncian los ecologistas, es que aquella norma fijaba que la modernización de las líneas debía acometerse con fondos públicos.
El oficio de la Fiscalía critica que "con demasiada frecuencia" las propuestas que realizan los agentes medioambientales para que los casos de muertes se remitan a los juzgados o la Fiscalía son bloqueados por las Administraciones. Los expedientes, explica el fiscal, "no son cumplimentados por la Administración", que se arroga "la competencia para formular una valoración jurídica que, en todo caso, debe corresponder al juzgado de instrucción o al fiscal si existe la mínima posibilidad de que tales hechos puedan ser constitutivos de infracción penal". El ministerio público considera que esta actitud de bloqueo puede tener consecuencias penales.
Para intentar atajar el problema el departamento que dirige Vercher solicita a las Administraciones que trasladen a las Fiscalías provinciales "los atestados, expedientes o actuaciones que se incoen" cuando se detecten muertes en tendidos eléctricos de aves de especies catalogadas en peligro de extinción. También, cuando los propietarios de esas instalaciones se hayan negado a corregir los problemas de los tendidos y existan antecedentes de muertes. La Fiscalía pide a las comunidades, además, que le envíen informes sobre el número de incidentes en tendidos eléctricos y de expediente abiertos por esa Administración por estas muertas.
